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La España de los 1000 euros

La economía es la excusa del mal político. Los impuestos son las piezas con la que construyen su política como si se tratara de un mecano. Ora, la pieza de del IRPF, ora la del iva, y siempre la de los impuestos indirectos. En campaña electoral algunos partidos políticos  entonan el canto de sirena de la reducción de tasas, pero una vez el voto entregado, el político no se siente obligado, y el peaje se convierte para ellos en el Dorado.

En las democracias avanzadas, los liberales considerábamos que el ciudadano era el bien a proteger. Ese es un sueño que sólo ya podemos disfrutar leyendo algunos libros de política ficción. Las bondades del Estado de Bienestar sustituyeron la hegemonía y protección a la persona, y el “establishment” apostó por  su propia supervivencia como valor supremo y casi exclusivo a defender. Fuera del Estado no hay vida, nos dicen sus defensores. La realidad es que a mayor regulación gubernamental, menos espacio de libertad le queda al ciudadano. Los impuestos son las nuevas redes de control de los gobiernos.

Sin sonrojo alguno, y sin oposición de ninguna opción política del actual parlamento español, el gobierno ha propuesto nuevas subidas de impuestos que autodenominan neutras o blandas. En política fiscal se cumple una ley no escrita que hace referencia a que cualquier subida de un tributo, sea cual sea su denominación y alcance, siempre es al final abonado por el ciudadano de a pie. De forma indirecta o directa, el bolsillo se siente acosado por la voracidad de las nueva y la vieja política.

En la actualidad , cualquier ciudadano se ha convertido  en un presunto delincuente de una de las numerosísimas tipologías de engañar al fisco. En la España de los 1000 euros, uno es sospechoso de ser un chorizo si decide pagar en metálico, porque le sale de sus entretelas, la comunión de su hijo, o la reforma de su baño. Uno parece que demuestra con el dinero por vía tarjeta, transferencia o cheque, de que es una persona legal. Ilusos. Ya conocemos esa filosofía, el afán recaudador de las sanciones de tráfico llevan vendiéndonoslas hace muchos años como que son por nuestra seguridad y en beneficio propio, no del tesoro público. De verdad que no cuela más ese argumento.

No quiero un país, ni un gobierno, ni un estado que decide en materia económica lo que es mejor para el dinero que gano honradamente. Montoro y el coro de partidos de la oposición prefieren subir los impuestos a reducir el gasto desbocado de su administración paralela, por ejemplo. Han conseguido que en Navidad, Hacienda conozca lo que hace nuestra mano derecha e izquierda, con la libertad que daba la privacidad de que no se supiera.

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